Los logros de Petro y la cuenta que no cierra

Cuando el DANE publicó en junio de 2026 que la pobreza monetaria había caído al 28 %, Colombia amaneció con una cifra que ningún gobierno de derecha ni de centro había logrado en dos décadas. Es uno de los logros de Petro. El desempleo perforó por primera vez el piso del dígito único —8,9 %—, y más de dos millones de personas salieron de la pobreza extrema. Para el Pacto Histórico, era la demostración histórica de que redistribuir sí era posible.

Para los mercados, era el presagio de una cuenta que tarde o temprano alguien tendría que pagar. El déficit primario se multiplicó por veinte en tres años. La deuda pública alcanzó el 61 % del PIB. El Estado llegó a mínimos históricos de liquidez y tuvo que salir a buscar recursos en megasubastas de TES a tasas de hasta 14,79 % anual. Un costo de financiamiento que los propios beneficiarios del gasto social terminarán absorbiendo en inflación, en servicios deteriorados, en una factura diferida que el gobierno de Abelardo de la Espriella ya recibió con el sello de urgencia.

La tensión es estructural, no coyuntural: el gasto expansivo de Petro sí redujo la pobreza y mejoró el empleo, pero lo hizo sobre un piso fiscal que se fue agrietando en silencio.

Lo que sí funcionó

El gasto expansivo del gobierno Petro no fue demagogia disfrazada de política pública. Los datos del DANE confirman efectos reales y medibles. La pobreza monetaria cayó casi once puntos porcentuales en el lapso de un gobierno —del 38,9 % en 2022 al 28 % en 2025—, una reducción sin precedentes en la historia reciente del indicador. La pobreza extrema, que mide la línea de supervivencia mínima, cedió lo suficiente para sacar a más de dos millones de colombianos de esa franja en un tiempo récord. El desempleo, que históricamente se resiste a los esfuerzos de cualquier administración, cayó por primera vez a un dígito. La baja del desempleo aterrorizó a los ortodoxos del Banco de la República.

Detrás de esas cifras hubo instrumentos concretos: transferencias directas ampliadas, subsidios al precio de los combustibles que sostuvieron el costo de vida en sectores populares, expansión del gasto en nómina estatal que generó empleo formal en territorios históricamente excluidos. La narrativa progresista encontró en esos resultados su argumento más sólido: la redistribución no es solo un imperativo ético, es técnicamente viable.

Lo que no cuadra: el fisco

El problema no es que el gasto haya sido inútil. El problema es cómo se financió.

El déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses— pasó de ser marginal a convertirse en un desequilibrio estructural. En tres años, ese indicador se multiplicó por veinte. La deuda pública, que al inicio del gobierno rondaba niveles manejables, escaló hasta el 61 % del PIB, cifra que activa alertas en los parámetros de sostenibilidad fiscal de organismos multilaterales como el FMI y la OCDE. Algo parecido a lo que hizo Iván Duque en el período anterior, pero con la diferencia de que esa deuda benefició a los grandes empresarios sin resultados sociales que mostrar.

El mecanismo de deterioro tuvo dos motores principales. El primero: una acumulación de deuda de los subsidios a los combustibles que no pagó el gobierno anterior —$70 billones. Deuda que debió programarse con un período de gracia o prorrogarse a más tiempo. Esto se agravó en un contexto de precios internacionales elevados que representaron una sangría permanente sobre el presupuesto nacional. El segundo: préstamo de corto plazo ($30 billones) al FMI. Tercero: la expansión de la nómina estatal, que incrementó el gasto corriente de manera estructural —es decir, no reversible a corto plazo sin costos políticos y sociales.

Cuando el Estado agotó su liquidez operativa, recurrió al mercado de deuda interna en condiciones que revelaron la percepción de riesgo: tasas de hasta 14,79 % en subastas de Títulos de Tesorería, niveles que en economías estables se reservan para emergencias

La repetición de un patrón

Aquí reside el argumento más incómodo para el progresismo colombiano: Petro no rompió la lógica de los gobiernos que criticó. La repitió con otro signo ideológico.

Gastar más de lo que se recauda, apostando a que el crecimiento futuro compensará los desequilibrios presentes, no es una práctica exclusiva de la derecha clientelista o del uribismo. Es la gramática histórica del Estado colombiano, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño.

La diferencia con el modelo tradicional no estuvo en la disciplina fiscal sino en el destinatario del gasto: los pobres en lugar de los contratistas, los subsidios directos en lugar de las obras de infraestructura sobrecosteadas. El mecanismo, sin embargo, fue el mismo: financiar el presente con deuda futura.

Este patrón tiene consecuencias que van más allá de los indicadores macroeconómicos. La sostenibilidad de los avances sociales documentados —la reducción de la pobreza, la caída del desempleo— depende de la capacidad del Estado para mantener el gasto en el tiempo. Un Estado con deuda al 61 % del PIB, con tasas de financiamiento de casi 15 % anual y con liquidez en mínimos históricos, no está en condiciones de garantizar esa continuidad. Los logros de 2025 corren el riesgo de ser reversibles precisamente porque su cimiento fiscal no fue construido para durar

La herencia

El gobierno de Abelardo de la Espriella heredará una economía con dos caras difícilmente conciliables. Por un lado, indicadores sociales mejores que los de cualquier administración anterior en términos de pobreza y empleo. Por el otro, un margen fiscal prácticamente nulo, una deuda que presionará el presupuesto durante años y un costo de financiamiento que encarece cualquier decisión de inversión pública.

La tentación del nuevo gobierno será atribuir el desequilibrio exclusivamente a la irresponsabilidad del progresismo. Esa lectura es parcial. El deterioro fiscal de Petro no es un accidente ideológico: es la expresión de una restricción estructural que ningún gobierno colombiano ha resuelto: la brecha entre lo que el Estado recauda y lo que la sociedad demanda.

Mientras tanto, el presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una renegociación de la deuda pública. Este anuncio merece un análisis aparte, porque la opinión pública debe digerir la nueva política fiscal que se inicia el 7 de agosto. Vale recordar que casi el 70% de esta deuda pertenece a acreedores internos. El 31% pertenece a los fondos pensionales, el 16% a la banca comercial interna, el 12% a las agencias de seguro y el 8% a las fiduciarias.

Créditos: VoxPopuli