Eduardo Verano de la Rosa
Es tan aberrante las cifras de instrumentalización de menores utilizados para la comisión de delitos en Colombia que no hay otra opción que ser más tajantes a la hora de aplicar la norma penal sobre quienes cometan el hecho.
En esa misma línea de acción, los distintos niveles de Gobierno debemos generar más oportunidades para los menores porque que un joven de 14 años tenga la frialdad para matar a alguien como quien atentó contra la vida del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, es una muestra fehaciente que nuestra sociedad está enferma.
Organismos del Estado y entidades relacionadas con esta problemática encuentran casos reiterativos en padres y abuelos que enseñan a sus hijos y nietos a delinquir en algo que podría encuadrarse en un “negocio de familia”, algunos expertos expresan que el 22 % de los casos judicializados hacen parte de esta “herencia familiar”.
Aunque el subregistro sobre los casos de instrumentalización de menores es amplio en Colombia y los datos están diseminados en distintas organizaciones, los que existen abren un espectro monstruoso sobre lo que está ocurriendo.
En un informe de la Defensora del Pueblo, en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado por estructuras criminales, de los cuales, 110 fueron niños y adolescentes y 74 niñas y adolescentes. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá. Las comunidades indígenas, las más perjudicadas.
Las edades de las víctimas oscilaban entre los 9 y 17 años de edad, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número con 123 casos. Y el 68,4 % hacía parte de comunidades indígenas.
En un estudio presentado en mayo de 2023, la situación de 2.181 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado y atendidos en el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022 marca tendencias parecidas.
El informe señala factores que facilitan el reclutamiento de las estructuras criminales: pobreza, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades y medios de subsistencia, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, todo ello caldo de cultivo para dañar a nuestros jóvenes.
Sobre este particular es que los distintos niveles de Gobierno tenemos mucha responsabilidad. Está en nuestros planes de desarrollo y en los consecuentes programas, estrategias y acciones que lo integran, generar oportunidades para los jóvenes. Sin eso, los estamos sirviendo a la delincuencia.
Estos menores son presa fácil para las estructuras criminales y se convierten en instrumentos maleables para sus fines perversos porque por su edad no pagan largas penas privativas de la libertad y muchos vuelven a sus casas en corto tiempo.
No es asunto de endurecer más las penas, es hacerlas cumplir. El Código Penal Colombiano ya la establece taxativamente en su artículo 188 D: “El que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, en prisión de diez (10) a diez y veinte (20) años”. Y además el consentimiento del menor no exime de responsabilidad penal al adulto.
¡Trabajemos más unidos, Colombia lo merece!
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