El expresidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “posee y controla” el 10% de Intel, el mayor fabricante estadounidense de semiconductores. La afirmación, aunque contundente, no refleja con exactitud los términos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la compañía tecnológica.
Según lo confirmado por Intel y fuentes oficiales, la administración destinó 11.100 millones de dólares en fondos federalesprovenientes de la Ley CHIPS y del programa Secure Enclave para obtener una participación del 9,9% en acciones ordinarias de la empresa, equivalentes a más de 433 millones de títulos. Esta inversión convierte al Estado en uno de los principales accionistas de Intel, pero sin asumir control directo ni representación en la junta directiva.
El acuerdo establece que la participación del Gobierno es pasiva: no tendrá derecho a voto independiente en decisiones estratégicas ni un asiento en el consejo, limitándose a respaldar las recomendaciones del directorio salvo en casos excepcionales. Además, se incluyó una opción a cinco años que permitiría al Estado adquirir un 5% adicional de acciones si Intel perdiera el control mayoritario de su negocio de fundición de chips.
La Casa Blanca presentó la medida como un paso histórico para fortalecer la producción de semiconductores en territorio estadounidense, reducir la dependencia de Asia y garantizar la seguridad nacional en un sector considerado crítico. Trump, por su parte, utilizó un tono político más enfático al hablar de “posesión y control”, lo que generó debate sobre el verdadero alcance de la operación.
En conclusión, Estados Unidos ahora tiene una participación significativa en Intel, pero no ejerce control corporativo. El acuerdo es más bien un mecanismo de apoyo financiero estratégico que busca consolidar el liderazgo tecnológico del país en la industria de los chips, sin llegar a una nacionalización formal de la compañía.
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