Además de las elecciones legislativas ordinarias y las consultas presidenciales, el próximo domingo 8 de marzo los colombianos residentes en zonas rurales de 168 municipios participarán en una elección especial por las curules de paz en la Cámara de Representantes.
Este mecanismo, resultado del Acuerdo de Paz de 2016, busca garantizar que las víctimas del conflicto armado tengan representación directa en el Congreso de la República.
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas popularmente como curules de paz, están distribuidas en 16 regiones priorizadas afectadas por la guerra y coincidieron con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Cada una de estas circunscripciones entrega una sola curul para la Cámara de Representantes y la votación se realiza en tarjetones separados de las elecciones ordinarias.
Este domingo no se eligen partidos tradicionales dentro de estas circunscripciones: solo las candidaturas propias de cada zona pueden recibir votos.
El candidato que obtenga la mayor votación en su lista territorial se convierte en representante por ese distrito especial de paz. Este diseño busca escuchar a las comunidades históricamente excluidas del poder político.
Para votar por estas curules, es requisito estar inscrito en los municipios que conforman cada circunscripción, lo que limita la participación a ciudadanos de esas zonas específicas y no a toda la población nacional.
Estas regiones abarcan departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Putumayo, Cesar y La Guajira, entre otros, aunque no todos los municipios de los departamentos votan, sino solo los definidos oficialmente en cada circunscripción.
El acceso a la candidatura para las curules de paz también está sujeto a condiciones especiales: quienes aspiren deben ser víctimas del conflicto armado certificadas por la Unidad para las Víctimas, haber vivido en el territorio por al menos tres años o ser desplazados en proceso de retorno, y no pueden haber sido candidatos de partidos tradicionales recientemente.
Además, las listas deben cumplir con el principio de equidad de género y no pueden ser registradas por partidos políticos con representación en el Congreso.
Este año, el Estado dispuso de mecanismos de financiación estatal específicos para estas campañas con el fin de equilibrar las oportunidades, aunque entidades como la Misión de Observación Electoral han advertido sobre restricciones en los tiempos y recursos disponibles para los aspirantes.
La votación del 8 de marzo marcará la última elección de este esquema transitorio, previsto para dos periodos legislativos que comenzaron en 2022 y se extenderán hasta 2030. Tras esta jornada, el Congreso deberá evaluar si mantiene, modifica o elimina este mecanismo especial en futuros ciclos electorales, pero por ahora significa un momento clave para que víctimas y comunidades dolorosamente golpeadas por décadas de guerra accedan por primera vez a representación directa en la política nacional.
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