La muerte de Kevin Acosta Pico no solo ha generado dolor y conmoción, sino también una serie de reacciones institucionales y controversias públicas. Este miércoles 18 de febrero, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura de una auditoría focalizada a la Nueva EPS para investigar posibles irregularidades en la atención del menor.
En un comunicado, la entidad expresó condolencias a la familia y explicó que la auditoría examinará el proceso de atención, las posibles barreras administrativas y la entrega del medicamento profiláctico Emicizumab, que, según denuncias públicas, no habría sido suministrado durante cerca de dos meses. También se revisará el cumplimiento de los protocolos y las normas vigentes para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.
La Superintendencia indicó que, de encontrarse irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas u otras medidas correctivas contempladas en la ley.
Por su parte, Nueva EPS publicó un informe técnico detallando el historial médico del menor, los trámites realizados y las intervenciones posteriores al accidente. La entidad sostiene que el fallecimiento fue consecuencia del trauma craneoencefálico severo y que el caso está a la espera de los resultados oficiales de necropsia.
En paralelo a la investigación administrativa, las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han generado fuerte controversia.
Durante un consejo de ministros, Jaramillo afirmó que en pacientes con hemofilia deben restringirse actividades que impliquen riesgo de trauma. Petro, en la misma línea, señaló que la prevención comienza en la familia y que la educación es fundamental para evitar este tipo de situaciones.
Las afirmaciones fueron cuestionadas por profesionales de la salud y académicos. Silvana Zapata Bedoya, presidenta de la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC), sostuvo que “la prevención no es prohibir vivir”, sino garantizar tratamiento oportuno y condiciones seguras. En su concepto, cuando un paciente cuenta con educación clara y acceso continuo a su terapia, puede desarrollar una vida relativamente normal.
Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, calificó como lamentables las declaraciones y señaló que, en el caso de la hemofilia, la prevención se basa precisamente en asegurar la profilaxis continua con evidencia científica sólida.
Desde el ámbito internacional, Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, pidió centrar la discusión en la garantía efectiva del medicamento, más que en la conducta familiar.
También la organización Pacientes Colombia rechazó los señalamientos hacia la familia y recordó que la hemofilia es una enfermedad genética cuyo manejo depende del acceso permanente a tratamiento especializado. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá agregó que la actividad física, bajo tratamiento adecuado, no solo es posible sino recomendable por sus beneficios integrales.
Días antes, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, había advertido que el menor enfrentó barreras en el acceso a medicamentos y atención oportuna. Según la entidad, estas fallas pudieron incidir en el desenlace.
Mientras la auditoría avanza y crece el debate público, el caso de Kevin se ha convertido en un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad del sistema de salud, la continuidad en la entrega de medicamentos para enfermedades raras y el enfoque de prevención en pacientes pediátricos con condiciones crónicas.
Las conclusiones de la investigación de la Superintendencia serán determinantes para establecer responsabilidades y definir si hubo incumplimientos que ameriten sanciones. Entretanto, el país sigue atento a los resultados y al impacto que este caso pueda tener en la regulación y vigilancia del sistema sanitario.
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