Denunciante de abuso en el Congreso alerta sobre fallas en la ruta de violencia de género.
La exfuncionaria del Congreso, Tania Acero, denunció que fue víctima de una agresión sexual dentro del órgano legislativo y que, a pesar de haber activado la ruta de violencia de género, no recibió apoyo ni acompañamiento. Su caso, al igual que el de otras mujeres, pone en evidencia las fallas en los protocolos de atención a víctimas de acoso y abuso dentro del Congreso.
Según Acero, su denuncia contra Juan Camilo Díaz, compañero de la institución, quedó en el olvido, sin seguimiento por parte de las autoridades competentes. La situación ha generado indignación y llevó a que en los baños del Congreso aparecieran mensajes escritos con labial denunciando la falta de acción:
- “Los que protegen a mi jefe me acosan a mí”
- “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”
- “Rompimos el silencio y nada pasó”
Camila Zuluaga, otra denunciante, aseguró que, junto a un grupo de asesoras, decidieron alzar la voz al conocer múltiples casos de violencia, acoso y hostigamiento hacia mujeres dentro del Congreso. Zuluaga relató que interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra un fotógrafo del Congreso por abuso y acoso sexual, pero, al igual que Acero, solo recibió una llamada en la que le agradecían por su valentía, sin ninguna acción concreta.
La única congresista que ha respondido a sus reclamos ha sido la senadora María José Pizarro. Sin embargo, Acero señaló que la senadora Lorena Ríos, encargada de la Comisión que maneja estos protocolos, reconoció que la ruta de atención tiene falencias y que las capacitaciones no están funcionando de manera efectiva.
“Si la ruta se activara correctamente, las víctimas tendrían acompañamiento psicológico y asesoría legal. Pero hasta ahora, nadie de la Comisión se ha contactado con nosotras”, denunció Acero.
Además, reveló que varias mujeres han compartido con ella sus experiencias de abuso dentro del Congreso, pero no se atreven a denunciar por miedo a represalias. “Han sido víctimas de escoltas, practicantes, funcionarios y hasta de los mismos congresistas”, afirmó.
La falta de respuesta a estas denuncias pone en evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de protección y atención a las víctimas dentro del Congreso de la República.
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