El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación que habían sido establecidos durante la administración de Gustavo Petro como parte de la política de “Paz Total”.
La decisión cobija negociaciones con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales. De acuerdo con el Ejecutivo, estos procesos no alcanzaron resultados suficientes en materia de desarme, construcción de paz o sometimiento a la justicia.
Entre los procesos que quedan oficialmente cerrados se encuentran las conversaciones con sectores de las disidencias de las Farc, entre ellos el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. También se dio por terminado el proceso con el Frente Comuneros del Sur, una estructura disidente del ELN que había participado en iniciativas relacionadas con la entrega de material explosivo.
Otro de los procesos afectados por la decisión es el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), negociación que permanecía suspendida desde enero de 2025.
La medida también alcanza los llamados espacios sociojurídicos establecidos con organizaciones criminales. Entre ellos aparecen procesos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, estructuras delincuenciales de Buenaventura y diferentes grupos que operan en el departamento del Chocó.
En Antioquia, el cierre incluye los espacios que involucraban a varias organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Entre las estructuras que habían participado en estos escenarios estaban La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana.
Además, el Ejecutivo informó que será levantada la Zona de Ubicación Temporal ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, otro de los mecanismos que habían sido implementados durante la anterior administración.
Sometimiento a la justicia
El Gobierno de De la Espriella señaló que quienes realmente tengan la intención de abandonar las armas tendrán como alternativa el sometimiento a la justicia. La administración advirtió, al mismo tiempo, que las organizaciones que continúen utilizando la violencia serán enfrentadas por la Fuerza Pública dentro del marco legal.
La nueva política representa un cambio frente a la estrategia de negociación simultánea con diferentes grupos armados que caracterizó al gobierno anterior.
El Ejecutivo sostiene que no continuará respaldando espacios institucionales que puedan ser utilizados por organizaciones ilegales para prolongar sus actividades criminales, obtener beneficios jurídicos o evitar la acción de la justicia.
Como parte de este nuevo escenario, algunas estructuras ya han manifestado su interés en avanzar hacia procesos de sometimiento. Entre ellas se encuentra la organización conocida como Los Pepes, de Barranquilla, cuyos integrantes habrían expresado su disposición a entregar información, contribuir al esclarecimiento de hechos y reparar a las víctimas.
La decisión del Gobierno marca así un nuevo rumbo en su política frente a los grupos armados ilegales y deja atrás buena parte de los mecanismos de negociación implementados durante la administración de Gustavo Petro.
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