Procuraduría General de la Nación archivó investigación en contra el exsecretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, esto se decidió al concluir que el funcionario no intervino en los procesos de contratación y suscripción de los convenios de asociación firmados entre la Gobernación y la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología (Ceifit).
Mediante auto, la Procuraduría determinó que luego de analizar la documentación de los convenios 0102-2018-000709 y 0135-2019-000216 se llegó a la conclusión que: “De conformidad con el acervo probatorio allegado a la presente actuación disciplinaria, y las consideraciones jurídicas plasmadas precedentemente, no existió falta disciplinaria alguna atribuible al señor Rachid Náder Orfale, y ante la ausencia de elementos que permitan endilgar responsabilidad en contra del investigado, no queda otro camino distinto que ordenar la terminación de la actuación y el consecuente archivo definitivo de las diligencias”, destacó el organismo de control.
La decisión la tomó la Procuraduría amparada en el artículo 90 del Código General Disciplinario (CGD) que reza: "en cualquier etapa de la investigación disciplinaria en la que aparezca demostrado plenamente que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias".
Al ser notificado, Náder Orfale agradeció a Dios y a sus defensores por quedar demostrado que no hubo ningún tipo de actuación ilegal. “Muy agradecido con mis abogados Julio Maya Amador y Mario Daza quienes ayer fueron mis alumnos en el aula de clases y hoy son mis colegas que decidieron asumir la defensa de mi caso con mucho afecto”.
La investigación disciplinaria se había abierto por la presunta celebración y ejecución del convenio de asociación suscrito entre la gobernación y la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT-, cuyo objeto era “aunar esfuerzos institucionales para desarrollar procesos de capacitación a los actores sociales y comunitarios de los municipios del Atlántico”, sin que la institución aparentemente cumpliera con la idoneidad y experiencia exigida.
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