lunes, 7 de octubre de 2024

Gobernador Eduardo Verano requiere “franqueza y honestidad” en debate sobre regalías para los territorios




Mandatarios del país se reunieron en la capital de la República para evaluar detalles del proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) puesto a consideración de la Cámara de Representantes por el Gobierno nacional, establecido en 30.9 billones de pesos.


Bogotá D.C., 7 de octubre del 2024. Insistir en un debate honesto y claro en el que se acuerden consensos en torno a los recursos que necesitan los territorios para lograr un desarrollo equitativo y armónico, planteó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano a sus colegas del resto del país.


El mandatario asistió a una audiencia en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, FND; en Bogotá en la que el tema fundamental fue analizar el presupuesto de la vigencia 2025 – 2026 del Sistema General de Regalías (SGR), que el Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), puso consideración de la Cámara de Representantes del Congreso de la República el pasado 1 de octubre.


Al término del encuentro, que duró cerca de 5 horas, el gobernador Verano entregó un balance de las discusiones y dejó como evidencia la preocupación en los mandatarios regionales por la disminución de los recursos.


“El Departamento del Atlántico, por no ser un departamento productor de hidrocarburos, no tiene acceso a regalías directas, y las únicas que recibe son las que se reparten. De todas maneras, sí estamos muy pendiente de toda la discusión que se ha dado, porque lo que más requerimos en este momento es una discusión franca y honesta”, manifestó el mandatario.


Agregó que la franqueza del debate está centrada en cómo, con el Gobierno nacional, se busca la manera de financiar todas las actividades proyectadas como, por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los estudiantes de los centros educativos.


“Las regalías no son para el departamento del Atlántico lo más beneficioso por no ser un territorio productor, accedemos a ellas de una manera indirecta. Tenemos una porción relativamente pequeña, pero de todas maneras sí apoyamos para que haya la discusión que se está dando en hacer un reparto cada vez más equitativo y que realmente podamos llegar, ante el Gobierno nacional, con una posición modificada, dando pistas para poder terminar proyectos. Debemos ponernos de acuerdo”, puntualizó el gobernador de los atlanticenses.

DISTRIBUCIÓN DEL SGR


Cabe precisar que el pasado primero de octubre, el DPN radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto del SGR para la vigencia 2025 -2026, cuyo monto es de 30.9 billones de pesos.


Esos recursos, según el DNP, fortalecen los procesos de descentralización y autonomía de las regiones, deben ser destinados por los territorios regionales a la financiación de proyectos que propendan por potenciar la inversión pública en pro del bienestar social colectivo; e igualmente combatir la corrupción.


La distribución de los 30.9 billones de pesos, contemplados en el proyecto de presupuesto puesto a consideración de los representantes a la Cámara, está desglosada de la siguiente manera:


$6,4 billones asignados, directamente, a entidades territoriales productoras y puertos.


$2,8 billones a los municipios más pobres para cerrar brechas y ampliar las capacidades productivas territoriales.


$8,8 billones a los departamentos para la aprobación de proyectos de alto impacto regional que generen economías de escala en el uso de los recursos.


$2,5 billones financiarán proyectos en ciencia, tecnología e innovación, ambiente y desarrollo sostenible.


$5,4 billones financiarán, en el marco del Acuerdo de Paz, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).


$592 mil millones para los grupos étnicos del país con el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.


$255 mil millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación.



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