En el corregimiento de Arroyo de Piedra (Luruaco), el 90 % del agua que bombea AQSUR no llega al centro poblado porque se queda en las conexiones fraudulentas lo que hace que haya familias a las que le llega el agua cada 20 días.
Luruaco (Atlántico), jueves 10 de septiembre de 2020. Hoy inició el plan de choque contra el robo de agua potable en el sur del Atlántico con la conformación de un equipo interinstitucional integrado por la empresa de servicios públicos AGUAS DEL SUR (Aqsur), la Gobernación del Atlántico, Acueducto Regional del Sur (Aresur) y la Policía Ambiental que se dio a la tarea de imponer comparendos a propietarios de fincas y canteras que tienen conexiones fraudulentas.
Desde las 5 de la mañana este equipo de trabajo se distribuyó por 5 zonas de conducción de agua: El primer grupo tomó el tramo entre el municipio de Luruaco y Arroyo de Piedra, corregimiento cuyas familias sufren una grave afectación porque el preciado líquido que bombea AQSUR queda, en su mayoría, en las conexiones ilegales de fincas y canteras.
El gerente de AQSUR, Luis Manjarrés, explicó que esta zona es muy sensible con el tema del agua potable porque se está a la espera de que entre en funcionamiento el tubo de 36 kilómetros por medio del cual se captará el líquido desde el canal del Dique para no depender de la laguna de Luruaco, cuerpo de agua que no tiene afluentes y solo se alimenta de precipitaciones, por lo cual en temporada seca se generan inconvenientes por turbiedad.
"Nosotros bombeamos alrededor de 30 litros por segundo por la línea de conducción a Arroyo de Piedra y solo llegan a la población entre 4 y 5 litros por segundo lo que representa una pérdida superior al 90 %. Todo esto obliga a que el suministro se haga sectorizado y haya familias a las que le llega el agua cada 20 días por culpa del robo que hay", detalló el gerente de AQSUR.
Allí se hicieron 4 visitas, 2 cortes de agua y cero comparendos.
La segunda línea de conducción es entre Luruaco y el corregimiento de Santa Cruz donde se estiman 21 conexiones ilegales, se realizaron 5 visitas, 4 cortes por fraudes y se generó 1 comparendo.
La tercera está entre el corregimiento de Carreto y el municipio de Candelaria donde se han identificado 24 tuberías. Se impusieron 3 comparendos en las cuatro visitas que se hicieron.
La cuarta es de agua cruda entre la bocatoma de Manatí y la planta de tratamiento de agua potable, allí se tienen identificadas 10 conexiones que hacen perder 12 litros por segundos. Se hicieron 5 cortes por fraude y no se impuso comparendo.
Finalmente, la quinta va entre el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez donde hay identificados 32 empalmes fraudulentos, de los cuales, se anularon 11 y se expidieron 6 comparendos. Aquí se pierde la mitad del agua que se bombea, de 10 litros por segundo solo llegan 5 a las residencias.
En total se hicieron 29 visitas, 26 cortes por fraude y se impusieron 10 comparendos.
La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Johanna Ospina, lideró el recorrido entre el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez y señaló que es vital la legalización de estas conexiones ante AQSUR y que su uso debe ser adecuado y no causar interrupciones o variaciones en el suministro.
"Desde la Gobernación del Atlántico se están haciendo inversiones significativas en agua y saneamiento básico y los dueños de las fincas y las canteras deben hacer un mejor uso del preciado líquido. No pueden tener conexiones fraudulentas de agua potable para uso agrícola porque están afectando a las residencias a las cuales no les llega el agua en forma debida", destacó Ospina.
Sobre este particular, el director de Operaciones de AQSUR, Edwin Ortiz, insistió en la necesidad de que los finqueros y dueños de las canteras entiendan que este tipo de acciones no sólo perjudican la economía de la empresa, sino que afecta la salud de la gente.
"Llegamos a la cantera Sarmiento Lucellys donde hacen un uso indebido del servicio porque tienen una conexión fraudulenta al servicio de pimpineros quienes comercializan a $1.000 cada pimpina. Esto no tiene sentido porque la gente termina pagando más que sí cancelaran la factura", destacó el director de Operaciones de AQSUR.
Como medida previa, las cuatro entidades: AQSUR, Gobernación del Atlántico, Policía Ambiental y Aresur realizaron la socialización a las comunidades para advertir sobre la medida coercitiva que hoy inició.
No hay comentarios:
Publicar un comentario