34 veces sí

Eduardo Verano de la Rosa

La Constitución Política Política de Colombia de 1991 cumplió 34 años el pasado 4 de julio y pese a los cambios introducidos a lo largo de su historia representa una cantidad considerable de avances trascendentales en materia de derechos humanos y de autonomía territorial, por solo citar dos procesos evolutivos que trajo.

Pero antes de sumergirnos en esos puntos clave, quisiera recordar el ambiente que vivimos los 70 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y lo que representa para los colombianos la narrativa poderosa y de consensos que se gestó allí.

Éramos 70 seres humanos con distintas orientaciones políticas y con capacidades diversas que confirmaban la pluralidad que tiene este país tan vibrante.

Desde las directivas de la Constituyente se respiraba ese pluralismo: Horacio Serpa, mi amigo, liberal socialdemócrata con una alta sensibilidad humana; Álvaro Gómez, conservador que defendía los valores tradicionales de la sociedad y se oponía a reformas radicales; y Antonio Navarro Wolf, exguerrillero del M-19 cuya proyección ideológica está en la izquierda democrática.

Era tanta la necesidad de llegar a consensos que dialogábamos por horas para acordar la palabra precisa de cada uno de los artículos. Indígenas, empresarios, religiosos, ‘políticos delfines’, sociólogos, en fin, todo el universo variopinto de esa Colombia alojada en una Asamblea Nacional Constituyente que estuvo a la altura de la situación difícil de orden público que vivíamos —y que seguimos viviendo de alguna manera— a lo largo y ancho del país.

Cuando los constituyentes de la región Caribe impulsamos los artículos 306 y 307 de la Constitución, que brindan la posibilidad de que los departamentos se agrupen en Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y su posterior conversión en Región como Ente Territorial (RET) tuvimos que sumar esfuerzos y negociar respaldos.

Nos sentamos con los constituyentes del Valle del Cauca, con los exguerrilleros, los indígenas y las discusiones eran tan épicas y tan saludables para una democracia que salió fortalecida en momentos de la crueldad irracional que vivíamos con los carrobombas de los narcos y los ataques fratricidas entre las guerrillas y la Fuerza Pública.

Consenso, eso representa nuestra Constitución. Me honra de sobremanera haber hecho parte del grupo de constituyentes de la región Caribe, fuimos protagonistas, aportamos sin medida, argumentamos todo, lo hicimos sin vacilaciones para construir un país mejor.

Y aunque hayan críticas sobre el resultado, nuestra Carta Magna de 1991 introdujo herramientas fundamentales como la Acción de Tutela que salvaguarda el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano y se crea la Fiscalía General de la Nación como institución de la Rama Judicial del poder público.

Lo más importante de esta Carta Política fue que reemplazó una constitución autoritaria como la de 1886 por una para la paz garantista de derechos humanos, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Bloque de Constitucionalidad (conjunto de tratados internacionales acogidos por nuestra Constitución) y que son inmodificables por el legislador ordinario. Así se consagró la democracia constitucional colombiana.

34 veces diré sí por cada año de creación de esta “norma de normas” que brinda estabilidad a las instituciones y refuerza las bases de la democracia de Colombia.