Desde esta Asamblea Departamental expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de Juan David Ucrós Cervantes y Farid Taborda Montaña, dos jóvenes cuyas vidas fueron arrebatadas de manera trágica e inaceptable en hechos ocurridos esta última semana. A sus padres, hijos, hermanos y seres queridos, les extendemos un abrazo fraterno y nuestro compromiso irrestricto de acompañarlos desde lo institucional, para que sus casos no queden en el olvido ni sean una estadística más en el doloroso panorama de inseguridad que hoy enfrentamos. Es inaceptable lo ocurrido con el joven Juan David, cuya vida fue arrebatada por un conductor en estado de embriaguez, identificado como el bombero Edwin Alberto Cataño Guevara, quien según la Policía Metropolitana de Barranquilla dio positivo en prueba de alcoholemia grado dos, y en cuyo vehículo se hallaron botellas de licor. Hoy, el responsable, o mejor dicho: irresponsable, se encuentra en libertad. De igual forma, condenamos el homicidio de Farid Taborda Montaña, un joven trabajador, padre de familia y ser humano íntegro, quien fue víctima de un ataque armado frente a su vivienda en el barrio Las Colinas. Una tragedia motivada por circunstancias personales y pasionales. Hoy ambas familias no solo enfrentan el duelo, sino también el desconcierto ante una justicia que parece distanciarse del sentido común y la sensibilidad humana. No podemos permitir que la falta de acciones contundentes envíe el mensaje equivocado de que la vida puede ser vulnerada sin consecuencias reales. Lo que ocurrió con Juan David y Farid no son hechos aislados, son reflejo de una realidad que nos golpea cada día con más fuerza. Solo en el primer trimestre de 2025, 77 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en el Atlántico, y más de la mitad de ellas eran motociclistas; marzo fue el mes más crítico, con 32 fallecidos y 46 heridos. A esto se suma una violencia criminal que no da tregua: durante 2024, el departamento cerró con más de 900 homicidios, un incremento de casi 23 % frente al año anterior. Estas cifras obligan a actuar con rigor, con coherencia y con determinación. Por todo lo anterior, reiteramos nuestro llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Metropolitana, a los jueces de la República y a las autoridades departamentales y nacionales que se requiere una respuesta firme, articulada y ejemplarizante. Exigimos que sea garantizado el esclarecimiento de estos hechos y enviar un mensaje inequívoco: en el Atlántico la vida se respeta y la justicia se hace cumplir. Desde esta Asamblea estaremos vigilantes y en seguimiento permanente porque no estamos dispuestos a normalizar la tragedia ni a quedarnos de brazos cruzados.
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