En la noche de este domingo funcionarios del CTI de la Fiscalia detuvieron en la noche de este domingo al exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, quien era buscado por las autoridades desde el miércoles anterior.Vargas Lamadrid fue ubicado en un modesto hotel de nombre ‘El Paisita’ de Crespo. Tras su identificación, los funcionarios procedieron a darle captura. los detectives del ente investigador se habían trasladado hasta la capital de Bolívar luego de información obtenida de que Vargas Lamadrid permanecía con familiares en un edificio de una zona exclusiva llamado Ibiza. Los funcionarios allanaron el lugar por la madrugada, pero en el apartamento solo encontraron a tres hijos del exrector, a una empleada del servicio y a un escolta.Posterior a eso, la búsqueda de Vargas se había extendido a islas cartageneras, pues también se obtuvieron datos de que este tomó una embarcación hacia zona insular. Sin embargo, nunca se obtuvo un resultado positivo.
Mientras todo eso sucedía, la Fiscalía presentaba en audiencia a las nueve personas capturadas por los presuntos actos de corrupción en la Uniautónoma, investigación en la que Vargas Lamadrid es indiciado.Los detenidos fueron el jefe de sistemas y representante legal de la universidad, Efraín Augusto Maldonado Palma; Orlando Saavedra Magri, vinculado al área financiera de la universidad; Mariano Romero Ochoa, miembro de la sala general de la Universidad y muchas veces rector encargado; Jesús David Pantoja Mercado, ex secretario general;Yeseny Morales Magdaniel, esta última capturada en la ciudad de Bogotá; Cindy Paola Soler Vargas, prima de Ramsés Vargas y empleada del área de tesorería; Laura del Carmen Laíno García, quien se desempeñó en la oficina jurídica y docente la facultad de derecho; Johana Martina Hildebrandt Royo, fue vicerrectora financiera de la Universidad Autónoma, y Pedro Sierra García, uno de los colaboradores de Vargas Lamadrid.
Los sujetos fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Barranquilla para su judicialización.
Por casi 6 meses se realizó el proceso de investigación contra estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
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