Así lo manifestó la abogada Bianith Bohórquez Pinto, quien representa a las empresas SOPROTECO Limitada y SOSEGE SAS, que reclaman más de 4.000 millones de pesos que les adeuda el municipio por contratos de prestación de servicios.
Barranquilla, 21 de febrero de 2019. La abogada Bianith Bohórquez, quien representa a las empresas SOPROTECO Limitada y SOSEGE SAS, manifestó este jueves en rueda de prensa que el actual alcalde de Soledad, Joao Herrera Iranzo, debe pagar los tres días de arresto que le impuso un juez por desacato y también debe cancelar más de 4.000 millones de pesos que le debe a las empresas por prestación de servicios.
La profesional del derecho manifestó que “el alcalde Joao Herrera y funcionarios de la Alcaldía de Soledad han sido renuentes desde el año 2016 y siguientes a la entrega de una respectiva documentación, que soporta una obligación existente desde 2016. El fin de no entregar esa documentación no es otro que no asumir el pago de unas respectivas empresas privadas y de esta forma afectar gravemente los recursos del municipio”.
En charla ante los medios de comunicación sostuvo que “desde el año 2016 las empresas que represento, SOPROTECO Limitada y SOSEGE SAS, están cobrando una obligación existente, que se le debe por parte de la administración del municipio de Soledad, por la prestación de los servicios de vigilancia y aseo, cuyos contratos fueron debidamente liquidados en el año específico de 2015 como consta en las respectivas actas que tienen la firma y el visto bueno del interventor y el supervisor de dichos contratos”.
“El no pago de dichas obligaciones, por parte de la nueva administración del actual alcalde Joao Herrera, están afectando gravemente el erario del municipio debido a que la mora injustificada ha incrementado los intereses que inicialmente eran 2.200 millones de pesos a $4.000.000.000 actualmente”, afirmó la abogada Bianith.
Seguidamente anotó que “si esta deuda se hubiera pagado o por lo menos se hubiese cancelado oportunamente, no estaríamos cerca de los 4.000 millones de pesos sino de la deuda inicial que era de $2.200.000.000. Por este motivo el alcalde aseguró ante los medios de comunicación, específicamente el día de ayer, que prefiere irse preso antes de cancelar el valor adeudado hasta el día de hoy. Sin desconocer que, debido a un acuerdo de reestructuración, que se firmó específicamente en el 2012, se estaría poniendo en riesgo este acuerdo de reestructuración y todo porque no pagó oportunamente la obligación, que se debe por unos contratos de prestación de servicios, que no son contratos ilegales y tampoco son contratos inexistentes”.
Anotó que la verificación y ejecución de estos contratos se hizo en los años de 2014, 2015 y su liquidación fue en 2016, específicamente. “Entonces, de esta forma el alcalde está incumpliendo y su medida de arresto se da por su renuencia, por parte de él y de los funcionarios, de entregar la respectiva documentación que soporta todo este tipo de contratos de prestación de servicios, desde su inicio hasta su finalización”.
Indicó que existen soporte de los contratos de las empresas que representa “donde se puede dar fe de que no se ha solicitado ni uno ni en dos sino en muchísimas ocasiones y se tuvo que llegar hasta las instancias de derechos de peticiones y luego tutelar para poder obtener dicha información. Que hasta el día de hoy fue anexada de forma incompleta, sin foliar y no guardando relación específica directamente con lo que se está solicitando”.
“Por lo anterior se puede concluir de que efectivamente estaríamos en el incumplimiento de lo que dispuso una autoridad judicial competente y por eso es que se ordena el desacato y se ordena como medida correctiva el arresto al alcalde actual del municipio de Solead”, sostuvo Bohórquez Pinto.
“Las empresas que represento solicitan el pago de lo adeudado al día de hoy y se ha hecho de una forma legal, se ha solicitado en debida forma, todo con su documentación respectiva y también se ha acreditado de que efectivamente existe una obligación expresa clara y exigible. Ante esto no habrá medios legales para exigir el pago de la obligación que hasta hoy se adeuda y supera los 4.000 millones de pesos”, reiteró.
Terminó diciendo que lo que resta es un proceso ejecutivo “y para lo cual es que se ha solicitado la documentación que el municipio tiene la obligación de suministrar y será un proceso ejecutivo, para la obligación que está hasta el día de hoy”.
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