En víspera del inicio de la Semana Mayor, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., EPA Barranquilla Verde, y la Arquidiócesis de Barranquilla, se unieron para promover la campaña “Siembra vida”, que tiene como principal propósito reemplazar el uso de la palma de cera en las celebraciones religiosas del Departamento.
La Corporación anunció que regalará plántulas de palma areca a los feligreses en varios puntos del Atlántico, entre ellos la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla, la Parroquia San Antonio de Padua de Sabanalarga, y la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Malambo, para llevar un mensaje de conservación y protección del medio ambiente.
“Llevamos varios años contándole a los atlanticenses acerca de los perjuicios que para el ecosistema nacional, conlleva el uso de la Palma de Cera, hábitat del Loro Orejiamarillo una especie que se encuentra altamente amenazada, que depende de esta palma para comer y anidar. Nuestro mensaje es que en esta Semana Santa se siembre vida, que no se afecte al medio ambiente y que le demos un respiro al planeta, llevando a los eventos religiosos una plántula que posteriormente podamos sembrar” explicó el director de la C.R.A., Jesús León Insignares.
Operativos contra el tráfico de fauna y flora.
Adicionalmente, con el apoyo de la Policía Nacional, el Centro de Reacción Inmediata Ambiental (CRIA) de la C.R.A., prepara una serie de operativos de control y vigilancia de tráfico de fauna y flora en el Departamento, para sensibilizar a la población atlanticense de abstenerse de participar en actividades de cacería, tráfico ilegal y consumo de especies amenazadas como la Iguana y la Hicotea.
El tráfico ilegal de especies silvestres es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el país y constituye uno de los factores que mayor presión ejerce sobre la fauna y la flora, sin contar la destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación y cacería, por lo cual muchas especies se encuentran en condición de amenaza o riesgo.
El porte, tráfico y comercialización de especies silvestres está tipificado como delito ambiental en el Código Penal donde se establecen penas de entre 48 y 108 meses de cárcel así como multas de hasta de 35.000 salarios mínimos a quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de animales silvestres (Artículo 328).
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