Sometimiento a la paz

                Eduardo Verano de la Rosa


La columna de hoy la iba a dedicar a los valores profundos que implica haber sido constituyente, y al honor de aportar a la construcción de una Constitución Política de paz, redactada por 70 seres humanos con ideales distintos, como respuesta a la tragedia que vivíamos: una época en la que la guerra de las guerrillas, por un lado, y los ataques del narcotráfico, por otro, bombardeaban sin cesar las bases de la institucionalidad democrática de Colombia.

Sin embargo, hace unas horas, el anuncio de los dos jefes de las organizaciones criminales más peligrosas del departamento del Atlántico —de someterse al proceso de paz y acogerse a la ley— me impulsa a escribir sobre lo que representa para nosotros, como sociedad, que estos delincuentes asuman esta responsabilidad.

Se trata de Digno Palomino, jefe del grupo criminal Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños. Sus acciones delictivas no solo reclutan a jóvenes que podrían tener otro futuro, sino que sus enfrentamientos contribuyen a la escabrosa cifra del 86 % de los asesinatos por sicariato en el departamento.

Otro delito que sirve de fuente de financiación para estas estructuras es la extorsión, que socava la competitividad, reduce la productividad, desincentiva la inversión local y extranjera, y fomenta la aparición de monopolios criminales que pervierten la libre competencia. Además, incide negativamente en el empleo, la movilidad laboral y el costo de vida, al incorporar los pagos extorsivos en la estructura de costos de los bienes y servicios.

Esperamos que la concreción de este anuncio contribuya a reducir la comisión de estos delitos en un territorio que históricamente fue considerado un “vividero de paz”. Hasta hace poco, era noticia que en municipios como Usiacurí no se hubiera registrado homicidio alguno en 14 años.

Así como cuando fui ministro de Medio Ambiente (1997-1998) llevamos por el mundo el mensaje de “sacar la naturaleza del conflicto”, en respuesta a los cruentos ataques de la guerrilla del ELN a la infraestructura de oleoductos —que tanto daño causaron a los ecosistemas—, así les digo hoy a las estructuras criminales: saquemos a nuestros jóvenes del negocio del sicariato y la extorsión, porque hay escuelas y universidades, con ofertas gratuitas, esperándolos.

Como parte de un trabajo articulado entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, con el objetivo de estructurar una mesa de diálogo en el marco de la Ley de Paz Total del Gobierno nacional —representado por el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, enviamos el 31 de marzo de 2025 una primera carta solicitando orientación sobre el proceso. La segunda comunicación la remitimos el 8 de abril en la que manifestamos la voluntad de diálogo por parte de los dos cabecillas.

¿Qué viene ahora? Iniciar la caracterización de las estructuras criminales, un proceso liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto permitirá identificar cuántas personas integran estos grupos y cuál es su situación. A partir de allí, se definirá una oferta institucional en materia de educación, vivienda y empleo, teniendo en cuenta que la mayoría son jóvenes, lo que refuerza la necesidad de una respuesta con enfoque social y de oportunidades.