El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó este martes una medida largamente reclamada por la opinión pública: la reducción del salario de los congresistas mediante la eliminación de la prima especial de servicios, un beneficio mensual que elevaba significativamente sus ingresos. La decisión quedó consignada en un decreto que deroga la norma expedida en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026, cuando se posesione el próximo Congreso.
Según informó el Ejecutivo, la eliminación de esta prima representa una disminución de entre 12 y 16 millones de pesos mensuales para senadores y representantes a la Cámara. En la práctica, el recorte equivale a cerca de un tercio del ingreso total que hoy reciben los legisladores, ya que la prima superaba incluso el salario básico. Actualmente, el sueldo base de un congresista ronda los 12,5 millones de pesos, mientras que la prima especial alcanza los 16,9 millones, sin contar otros ingresos como los gastos de representación.
La prima especial de servicios fue creada mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, con el argumento de unificar beneficios como las primas de localización, vivienda y salud, cuya cuantificación resultaba compleja. Sin embargo, con el paso de los años, este pago terminó generando una distorsión en la escala salarial del sector público, al convertirse en un componente mayor al salario base.
En el texto del nuevo decreto, el Gobierno justifica la decisión señalando que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y no corresponde a la realidad económica del país. “Se hace necesario reorientar una senda de gasto y adoptar medidas inmediatas de austeridad que permitan cerrar brechas”, señala el documento oficial, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
La medida se conoce apenas tres semanas después del aumento del 23 % en el salario mínimo, que beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores formales. Para el Ejecutivo, ambas decisiones están conectadas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la reducción del salario de los congresistas como “un acto de justicia social” que acompaña el incremento del ingreso mínimo. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida hace parte de una estrategia de reducción de costos del Estado, aunque reconoció que el ahorro fiscal será relativamente limitado: menos de 4.500 millones de pesos mensuales.
El decreto llega tras años de intentos fallidos en el Congreso por reducir los salarios de los propios legisladores. Desde 2015 se han hundido más de 20 proyectos de ley con ese objetivo, y la iniciativa incluso fue incluida en la consulta anticorrupción de 2018, sin éxito. La resistencia del Legislativo llevó a que, finalmente, la reducción se concretara por iniciativa del Ejecutivo.
La decisión ha recibido respaldo desde distintos sectores políticos. La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde y crítica habitual del Gobierno, celebró la medida y recordó que presentó siete proyectos sobre este tema desde 2015. “Es mejor tarde que nunca. No tiene sentido que los congresistas tengamos un salario tan alejado del ciudadano raso”, afirmó.
Aunque el recorte no elimina todos los beneficios económicos de los congresistas, sí marca un punto de inflexión en el debate sobre la equidad salarial en Colombia. Aun con la reducción, en 2026 un legislador seguirá ganando cerca de 25 veces el salario mínimo, pero el Gobierno defiende la medida como un primer paso para cerrar una brecha histórica entre la clase política y la ciudadanía.
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