Una de las acciones más importantes para prevenir los riesgos de contagio del letal virus COVID-19 es el suministro de constante información mediática al respecto tanto sobre el daño causado como sobre las operaciones administrativas gubernamentales para enfrentarlo y la pedagogía masiva para asumir de manera individual, colectiva y social los rigurosos protocolos de bioseguridad que interrumpen su difusión, ya que en los términos lógicos y éticos cada noticia en sí misma es información imparcial, conductiva y educativa.
Y esta labor no se hace solo por teleósmosis invisible ni por magia de la tecnología, sino que requiere del recurso humano físico y generalmente presencial que acuda a las fuentes de información para escudriñar los sucesos concernientes y recabar las datas oficiales y de facto para procesar dicha información que se convertirá en noticia de interés general.
Es lo mismo que la tarea cotidiana del periodismo para mantener actualizada a la sociedad sobre los aconteceres del mundo, el país, región y las comunidades locales, pero con mayor riesgo, como también ocurre con el ejercicio del periodismo que afecta a la corrupción, la delincuencia común y organizada, y los actores oscuros de la guerra fratricida.
Son los riesgos que hay que valorarles a los también “héroes” de la información, igual que a otros, como a los trabajadores de la salud, de los servicios esenciales y del transporte, más ahora también hay que incluir en esa lista a los docentes por la imprudencia del Gobierno de obligarlos a la alternancia pedagógica.
Es decir, ante un ecosistema invadido por el intangible enemigo, volvemos a colocar al periodismo como profesión de alto riesgo, categoría que los hacedores de las leyes de este país ni el gobierno central han querido reconocer a un ejercicio indispensable y parte de la “canasta familiar” como es el derecho humano de informar y estar informado, es decir, significar la información como un bien público, y a sus agentes productores como parte del sector social vulnerable.
Por tanto, en la clasificación y fases que han establecido el gobierno en el Decreto 109 de Enero 29/2021 para vacunar a la población colombiana se debe incluir a los periodistas en esa primera fila de beneficiarios del antídoto (Fase 1, Etapa 2), por lo menos a los que certificadamente hacen cubrimiento administrativo y de salud pública, sin demeritar a los otros colegas que en cumplimiento de su labor mantienen roce permanente y presencial con sus fuentes, pues la dinámica de esta digna y liberal actividad profesional así lo requiere.
El llamado, entonces, es para los colegas periodistas independientes en ejercicio pleno de sus funciones, pero principalmente a los diferentes gremios periodísticos y de las comunicaciones, para que dinamicen la formal solicitud a las autoridades competentes (Ministerio de Salud y entes territoriales) de inclusión en la fase prioritaria de vacuna anti-Covid a los informadores profesionales que se encuentren, en consecuencia, vulnerables ante el mortal agresor.
Ya han caído varios colegas, y hagamos la alerta, antes que lamentar más, como el poema de Bertolt Brecht. Dios nos guarde!
Carlos Ramos Maldonado
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