martes, 7 de junio de 2022

Gestionan con el INPEC 100 cupos para traslado de personas en centros de detención y estaciones de Policía

Entes territoriales aúnan esfuerzos para mejorar situación de personas privadas de la libertad en Barranquilla.

Autoridades distritales y departamentales sostuvieron una nueva sesión de Consejo de Seguridad para buscar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en centros de detención, centros carcelarios y estaciones de policía en la ciudad.
 
La reunión entre entes territoriales e instituciones de control y justicia contó con la participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, durante la cual se acordó la gestión de 100 cupos carcelarios para trasladar a personas sindicadas que tienen un alto perfil de peligrosidad y, de esta manera, mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el interior de los centros carcelarios y de detención.
 
"Convocamos este Consejo de Seguridad para mantener trabajo articulado con INPEC, Procuraduría, Personería y Fiscalía, en acciones concretas que permitan mejorar la situación de las personas privadas de la libertad que se encuentran detenidas en diferentes puntos de la ciudad", explicó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez. 
 
El funcionario también indicó que, a través de la gestión del Distrito, "se busca aprovechar de la mejor manera los recursos para atender sus diferentes necesidades y garantizar la protección de sus derechos humanos".
 
Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay Pereira, indicó que analizaron las situaciones particulares registradas por parte de la URI de la Fiscalía y el informe presentado por los comandantes de Policía.
 
De esta manera, se busca “aportar entre todos a nivel departamental para generar acciones que alivien esta situación que se presenta en los centros transitorios y en la cárcel distrital de Barranquilla”, dijo Turbay Pereira.
 
Durante la reunión, también se acordó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para que se revisen los casos de personas que ya han cumplido sus condenas y aún no reciben su libertad, con lo cual se contribuye a la liberación de cupos en centros penitenciarios.

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