Con la insistente inquietud por parte de los legisladores respecto al incremento que ha tenido la tarifa de energía eléctrica y la falta de gestión en los proyectos de interconexión se adelantó la sesión virtual de la Comisión Cuarta, con la presencia del director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, Rafael Andrés Madrigal, y la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño.
Al respecto, Rafael Madrigal afirmó que la dirección de Energía Eléctrica tiene cuatro encargos para su desarrollo y ejecución, estos cuatro consisten en la administración de cinco fondos, de los cuales tres tienen que ver con electrificación rural y normalización de redes y dos de ellos con subsidios eléctricos en Colombia. El primer fondo de la dirección de recursos, es el grupo de subsidios, que administra al año entre 2 y 2.5 billones de pesos, que representan el 95% del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. El segundo fondo administra dos fondos de electrificación y otro de normalización de redes.
1. Fondo FAZNI, dedicado a la electrificación en zonas no interconectadas.
2. Fondo FAER está dedicado a financiar proyectos de alto costo en zonas rurales.
3. Fondo PRONE financia proyectos de normalización de redes eléctricas.
2. Fondo FAER está dedicado a financiar proyectos de alto costo en zonas rurales.
3. Fondo PRONE financia proyectos de normalización de redes eléctricas.
También explicó que los presupuestos anuales para cada fondo se manejan así:
1. El presupuesto del fondo FAZNI ronda entre los 110.000 millones de pesos anuales. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $197.336
2. El presupuesto del fondo FAER ronda entre los 140.000 millones de pesos anuales. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $204.724
3. El presupuesto del fondo PRONE entre los 50.000 millones. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $70.430
2. El presupuesto del fondo FAER ronda entre los 140.000 millones de pesos anuales. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $204.724
3. El presupuesto del fondo PRONE entre los 50.000 millones. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $70.430
Además, el Director de Energía del Ministerio de Minas informó las metas que estos fondos tienen para este período legislativo. En Colombia hay aproximadamente unos 540.000 usuarios sin servicio de electricidad y la meta es lograr 100.000 usuarios nuevos que cuenten con el servicio, esto con recursos públicos y otros 80.000 con recursos privados.
Por otro lado, Madrigal explicó la necesidad de implementar energías renovables para alcanzar una mayor cobertura, al señalar que se ha logrado estructurar 35.000 nuevos usuarios en Colombia en zonas rurales con fondos del IPSE.
También explicó que el Fondo de Solidaridad cubre el 60% en estrato 1, 50% en el estrato 2 y el estrato 3 hasta el 15% de subsistencia. Este Fondo de Solidaridad tenía un déficit de casi 900.000 millones de pesos, pero el Gobierno logró convertirlo en deuda pública y se pagó en el primer semestre del 2019.
Cuestionamientos de senadores
Los senadores, por su parte, cuestionaron incrementos tarifarios y quejas del servicio de energía del país. El primero en intervenir fue el congresista del Partido de la U Juan Felipe Lemus, quien sostuvo que esta Comisión siempre ha respaldado todas las inversiones para la ejecución de proyectos eléctricos. “Nos preocupa que estos proyectos no se estén materializando. Esa transparencia en vez de generar eficiencia lo que está es debilitando la institucionalidad para que estos recursos lleguen a las regiones”. Hizo un llamado a la revisión de los contratos interadministrativos.
También tuvo su exposición Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, quien explicó que la Superintendencia el 16 de marzo formuló unas recomendaciones con el fin de seguir garantizando el cubrimiento del servicio a todos los colombianos. También expidió una circular a los prestadores de servicios públicos, solicitando guardar las medidas de bioseguridad necesarias en la prestación del servicio.
Con respecto a las quejas que se han recibido con respecto a las mediciones por promedio, afirmó que se identificaron algunas empresas que habían tomado la decisión de acudir a este tipo de medición que si bien está autorizada en la Ley 142, artículo 146, se establece que solamente se puede acudir a este tipo de medición si el prestador demuestra problemas para acceder al sistema tradicional de medición. Afirmó que se le envió notificación a estas empresas prestadoras de servicio que solamente en casos extremos pueden acceder al tipo de medición por promedio. “Le enviamos solicitudes de información sobre cómo ejecutaron la medición y en caso de usar la de promedio respaldarlo con las necesarias pruebas que les autorizan hacerlo”.
“Hemos hecho nuestras respectivas labores de vigilancia a las empresas prestadoras de servicios públicos, verificando que se cumpla con los protocolos para proteger al consumidor. El consumo ha aumentado significativamente y estamos velando para que los canales de atención de la Superintendencia estén abiertos para todos los usuarios con el fin de escucharlos y proteger sus derechos”, aseguró la Superintendente.
Por su parte, los senadores del Partido Conservador Myriam Paredes y Carlos Meisel coincidieron en manifestar que el incremento de las tarifas de energía no es sinónimo de mejora en el servicio. La senadora nariñense abogó por una pronta solución, con la responsabilidad de la electrificadora de Nariño, en el proyecto de interconexión del Cauca y Nariño. Y el congresista Meisel sostuvo que espera que este nuevo proceso de servicio en el Caribe va a mejorar, con sus dos nuevos operadores.
Realidad en regiones, es diferente
Para el legislador Israel Zúñiga, del partido Farc, dijo que más allá de las explicaciones técnicas expuestas por el director de Energía, “la cruda realidad de las regiones es totalmente diferente, para la muestra el andén Pacífico y en especial el departamento del Choco, en donde en este momento en Quibdó, el 35 por ciento de la ciudad está sin energía eléctrica”.
En el mismo sentido se pronunciaron los senadores John Milton Rodríguez, Colombia Justa y Libres, y Carlos Abraham Jiménez, Cambio Radical, quienes manifestaron su preocupación por la falta de interconexión eléctrica frente a las expectativas y las metas. Así como la falta de gestión a la hora de concretar los proyectos o dejar vencer las licitaciones.
Así mismo, el congresista conservador Samy Merheg mostró su preocupación por los incrementos en la tarifa de servicios de energía, como el de generación de energía. “No podemos seguir mandando un mensaje que en medio de esta emergencia, toda esa gente que está confinada en su casa le vamos a subir el precio por kilovatio, que nos den respuestas a esas quejas que se están recibiendo de todas la regiones del país, cómo lo vamos a resolver. No puede ser que estemos dejando recursos sin ejecutar, pensando que la prioridad es un nuevo esquema para dar mayor transparencia, la transparencia absoluta es que se ejecuten”.
El legislador Juan Luis Castro, de Alianza Verde, pidió especial atención para departamentos como el Cauca o el Chocó que están muy rezagados en materia de prestación de servicios, lo cual es muy grave especialmente en momentos de crisis. Se preguntó qué está haciendo la Superintendencia para controlar el cobro de las tarifas en las zonas menos favorecidas. Propuso subsidiar las tarifas para algunos hospitales.
El senador Wilson Arias, Polo Democrático, rechazó que la solución que le dio el Gobierno al tema de Electricaribe haya sido la mejor. Lamentó que se estigmatice a la zona de la costa caribe asegurando que allí prevalece la corrupción mientras que en Bogotá no pasa nada. “Habría que recordar que los mayores hechos de corrupción pasan en Bogotá”, aseguró. Cuestionó los argumentos del Ejecutivo para explicar los incrementos tarifarios en los servicios públicos. Expresó sus dudas sobre el actuar de varias generadoras de electricidad y puso como ejemplo a la estadounidense Enron para alertar sobre cómo una empresa puede ‘estafar’ a un país a través de la especulación.
El senador conservador Laureano Acuña cuestionó a la Superintendente de servicios públicos sobre las explicaciones técnicas que da esa dependencia para justificar los incrementos tarifarios. Alertó sobre la supuesta intención del Gobierno de reducir los subsidios a los ciudadanos menos favorecidos en respuesta a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. “Si esto es cierto sería muy grave para el país”.
El senador Miguel Amín, partido de la U, reconoció la gestión del Gobierno para solucionar el problema de Electricaribe. Sin embargo, lamentó que no se haya sido igual de eficiente para responder al incremento tarifario en momentos de crisis. Pidió ejecutar los recursos que sean necesarios para modernizar la generación eléctrica especialmente en las zonas con infraestructura más rezagada.
El presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, partido Liberal, manifestó su incomodidad con el Director de Energía por la respuesta tardía a los cuestionamientos e inquietudes manifestadas por el Congreso. Lamentó que el Director de Energía ni siquiera sepa quiénes hacen parte de la Comisión Cuarta. “Apenas ayer respondió con un informe de 800 páginas con la intención de confundir. A quién pretende engañar en temas como querer disfrazar asignaciones con ejecuciones”. Le recordó al funcionario que los miembros de la Comisión Cuarta están capacitados para entender las diferencia y saber que hay un gran déficit en materia de ejecución. Dijo que la gestión de Madrigal no se puede calificar de otra manera sino como “mediocre”.
Inconformes con respuestas
Finalmente, los senadores Lemus y Jiménez se declararon inconformes con las respuestas dadas por el funcionario del Ministerio de minas y solicitaron que se cite a la jefe de la cartera de Minas, frente a la opción de privatizar estos fondos para entregárselos a uno o dos proveedores. Según el senador Laureando Acuña existe un estudio en el Ministerio de Minas de una misión del Banco Mundial, donde se recomienda la eliminación de los subsidios para los menos favorecidos en el país.
El Presidente de la Comisión pidió la renuncia del director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, por la irresponsabilidad de sus respuestas.
En respuesta a las quejas de los senadores, Madrigal aseguró que la Dirección de Energía del Ministerio de Minas ha sido responsable en la protección de los recursos públicos y que de los 100.000 usuarios que fue la meta en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, hoy se tiene el 98% de la meta, pues hay 98.200 usuarios nuevos recibiendo el servicio. En 18 meses de esta administración se ha avanzado satisfactoriamente.
“Con respecto a los recursos de privados nos hemos puesto la meta de otros 80.000 usuarios nuevos, meta que ningún otro Gobierno ha logrado. Hemos identificado bastantes posibilidades de mejora en la prestación del servicio a través de los privados que tienen la experiencia también en otros países de Latinoamérica”, afirmó Madrigal. También explicó que el control en la construcción de infraestructura no puede estar en manos del controlado y por eso se han identificado que se debe tener una interventoría adecuada y transparente, contratada por el dueño de los recursos, no por el que ejecuta.
Afirmó que esta administración está diseñando medidas para la distribución de los subsidios, con la opción de verificar si el servicio fue prestado. La Dirección está enfocada en supervisar que los usuarios en sectores vulnerables estén recibiendo el servicio de electricidad y que el Ministerio de Minas y Energía está en el diseño de lo que debe ser la máquina de electrificación del futuro.
Por último, Madrigal explicó que FENOGE es un fondo que empezó a funcionar desde el 2017 enfocado en generar fuentes no convencionales de energía. Estos le dejan toda la iniciativa a los sectores para la generación de proyectos. Este Fondo no está bajo la administración del Ministerio de Minas y tiene su administración independiente.
La superintendente Natasha Avendaño también respondió a las afirmaciones de los senadores de la Comisión, explicando que sí se han recibido todas las quejas de los usuarios durante el tiempo del aislamiento obligatorio y que la totalidad de trámites que se recibieron en marzo fueron 16.448; en febrero, 17.826 tramites; “en todo el tiempo del aislamiento obligatorio llevamos 22.435 trámites y solicitudes atendidas”.
Según dijo, se han impuesto sanciones a empresas prestadoras del servicio de energía y hasta el momento se ha sancionado dos veces a IPAC, por calidad de servicio. La primera fue en 2019 por 1.563 millones de pesos y la segunda en febrero de 2020, por 1.100 millones de pesos.
A partir del 14 de abril, como está consignado en la circular expedida por parte del Gobierno Nacional, donde se establecieron unas medidas para evitar que la tarifa aumente de manera desmedida. Todo incumplimiento que se de a esta transición tarifaria tendrá sanciones. La razón del aumento del costo de las facturas se debe a los retrasos en los costos de infraestructura y la situación de falta de ejecución de obras en los sectores donde se tenía presupuestado. Estamos adelantando las investigaciones respectivas con respecto a los incumplimientos de las empresas prestadoras del servicio.
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