El proyecto de la Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, esencial para la seguridad hídrica y ambiental de la Costa Caribe, enfrenta una crisis financiera debido a un incumplimiento de pago que se extiende por más de seis meses.
El gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, ha emitido una carta formal y enfática a Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que solicita la priorización y cancelación inmediata de las obligaciones contractuales pendientes.
La RAP Caribe reveló que la ANI adeuda al contratista (Ecosistemas del Dique S.A.S. - Sacyr Concesiones) un valor de $492.381.049.209 correspondiente a actividades ejecutadas desde junio de 2025. Esto genera intereses moratorios con un impacto directo sobre el patrimonio público.
"Hoy Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo Verano.
El mandatario advierte que la paralización o la ralentización de las obras por la falta de pagos pone en riesgo el cronograma de un megaproyecto vital para los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.
CONSECUENCIAS DE LA PARÁLISIS
El documento detalla que el dinero adeudado corresponde a actividades indispensables en la fase inicial, tales como:
- Dragado de mantenimiento crucial para la navegabilidad y control de sedimentación.
- Obras de protección de orillas para prevenir colapsos de taludes.
- Intervenciones de manejo hidráulico para reducir el riesgo de inundaciones.
- Acciones sociales y ambientales con las comunidades ribereñas.
La principal preocupación es el riesgo de inundaciones y sequías.
"Nosotros tenemos que cumplirle a ellos, a Sacyr, para que Sacyr nos pueda cumplir a nosotros entregándonos las dos exclusas que son vitales para regular las aguas del canal del Dique”.
La falta de regulación afecta directamente:
Cartagena: la exclusa de Puerto Badel es fundamental para el suministro constante y permanente de agua a Cartagena. Además, si las aguas no se regulan, existe el riesgo de provocar el cierre de la dársena que permite la navegabilidad en torno a la ciudad.
Comunidades ribereñas: se incrementa la vulnerabilidad de más de 1.5 millones de habitantes del sur de Atlántico, Bolívar y Sucre, afectando sus viviendas, medios de subsistencia y seguridad alimentaria.
Ecosistema: la suspensión del dragado compromete la estabilidad hidráulica, incrementando el deterioro de cuerpos estratégicos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.
El presidente de la RAP Caribe solicita de manera respetuosa a la ANI que, además de cancelar el monto adeudado, convoque de manera urgente a una mesa de conciliación y acuerdo de pago con el acompañamiento de la RAP.
El incumplimiento expone al Estado a riesgos jurídicos y financieros graves, incluyendo reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, lo que tendría consecuencias fiscales y patrimoniales desastrosas.
La RAP Caribe reitera su compromiso de acompañar el proceso para proteger el interés general y evitar que "decisiones de aplazamiento presupuestal deriven en consecuencias irreversibles".
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